Igualdad de género: un enfoque sistémico y holístico para una transformación duradera

• Empoderamiento económico y financiero de las mujeres y las niñas, mediante innovación sostenible, y mejora de las condiciones laborales.
• Acceso a la educación y a la formación a lo largo de la vida.
• Participación política y ciudadana de las mujeres, con acceso real a los espacios de decisión.
• Acceso a los derechos humanos, a la justicia, y a la reforma del sector judicial.

• Acceso a sistemas de protección social inclusiva y a servicios de salud pública sin discriminación.
• Mejora de los sistemas de cuidados y de los servicios de salud, en particular la salud sexual y reproductiva.
• Reducción de las vulnerabilidades frente a pandemias y crisis sanitarias.

• Lucha contra las violencias basadas en género en tiempos de paz y en contextos de crisis y conflicto.
• Lucha contra la impunidad y el extremismo violento.
• Participación de las mujeres en los procesos de paz y de resolución de conflictos.

• Apoyo a organizaciones de la sociedad civil y organismos feministas locales.
• Refuerzo de los mecanismos institucionales nacionales de igualdad de género.

• Promoción de la justicia medioambiental y de transiciones ecológicas justas, que no profundicen las desigualdades existentes.
• Integración de la perspectiva de género en los planes de adaptación y mitigación del cambio climático.
• Acceso equitativo a los recursos naturales, conservación de los ecosistemas y desarrollo urbano inclusivo.

• Lucha contra las ciber-violencias de género (acoso en línea, amenazas, discursos de odio).
• Fomento del acceso y la inclusión digital de las mujeres y las niñas.
• Identificación y combate de los sesgos de género en el entorno digital, en algoritmos, contenidos y prácticas de las plataformas.

El género es un concepto de las ciencias sociales que se refiere a la distribución de roles y a la naturaleza de las relaciones entre mujeres y hombres, resultado de una construcción sociocultural en un contexto y un momento histórico determinados. El género permite analizar las diferencias sociales de mujeres y hombres y cuestionar las «relaciones de poder entre los sexos».

El sexo biológico, por su parte, se refiere a las características fisiológicas y anatómicas (reproductivas, hormonales, genéticas) que diferencian a hombres y mujeres. En otras palabras, una persona nace con un sexo («macho» o «hembra») y se convierte en «hombre» o «mujer» (género).

La igualdad de género implica que mujeres y hombres, niñas y niños, sea cual sea su identidad de género, tengan los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. No significa que sean idénticos, sino que su acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la participación política y a la justicia no dependa del hecho de haber nacido mujer u hombre.

Es un principio fundamental de los derechos humanos y un instrumento estratégico para reducir la pobreza, fortalecer la cohesión social y promover un desarrollo sostenible, justo e inclusivo.

Una institución inclusiva es una entidad pública o privada que garantiza un acceso equitativo a derechos y servicios para todas las personas, sin discriminación. Ello implica aplicar políticas y medidas que tengan en cuenta las diferencias de género, edad, situación socioeconómica, origen, discapacidad u orientación sexual, entre otros factores.

Estas instituciones se comprometen a representar la diversidad de la sociedad, combatir las desigualdades estructurales, y reforzar la participación de todos los grupos sociales en la vida pública.

La desigualdad de género sigue siendo un obstáculo mayor para el desarrollo sostenible:

• Más de 340 millones de mujeres y niñas podrían vivir en pobreza extrema de aquí a 2030 si no se aceleran las políticas de igualdad de género (ONU, 2023), y el número de mujeres que viven en pobreza extrema es 24,3 millones superior al de los hombres (ONU Mujeres, 2024).
• Las mujeres de la próxima generación dedicarán 2,3 horas más al día que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (ONU, 2023).
• En 2024, sólo el 27 % de los escaños parlamentarios a escala mundial estaban ocupados por mujeres (ONU Mujeres, 2024).
• Más de 230 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina en 30 países de África, Oriente Medio y Asia.
• Los casos de violencia sexual vinculada a conflictos aumentaron un 50 % entre 2022 y 2023; el 95 % de las víctimas son mujeres y niñas (ONU, 2024).
• En 2022, más de 133 mujeres fueron asesinadas cada día por su pareja o por un familiar (UNODC y ONU Mujeres, 2023). Más de una cuarta parte de la población mundial considera «justificado» que un hombre golpee a su esposa (PNUD, 2023).
• Las catástrofes climáticas no son neutras desde el punto de vista de género: las mujeres y los niños son hasta 14 veces más propensos a morir que los hombres en desastres naturales (ACNUR, 2022).
• Casi la mitad de la población mundial piensa que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y un 43 % cree que los hombres son mejores directivos de empresa (PNUD, 2023).

Estos datos muestran la necesidad urgente de reforzar las políticas públicas, los sistemas de salud, educación, protección social y justicia, así como las leyes de igualdad de género, para garantizar los derechos fundamentales de todas las mujeres y niñas en el mundo.

Un estereotipo de género es una idea, creencia o imagen simplificada y rígida sobre los roles, comportamientos o características que la sociedad asigna a las mujeres y los hombres. Por ejemplo, pensar que «las mujeres son naturalmente cuidadoras» o que «los hombres son naturalmente fuertes» son estereotipos.

Estos estereotipos alimentan la desigualdad de género y limitan las oportunidades educativas y laborales y restringen el acceso equitativo a la salud, a la participación política, a la justicia y a los recursos económicos. En Europa, en América Latina y en otras regiones, luchar contra los estereotipos de género es una condición indispensable para avanzar hacia la igualdad de género y proteger los derechos humanos, así como promover un desarrollo que respete a mujeres y niñas a través de políticas públicas inclusivas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas (ONU), conforman el marco internacional para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar una vida digna para todas las personas. Tres ODS están directamente vinculados con la igualdad de género (ODS igualdad de género):

• ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
• ODS 10: Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, incluyendo las brechas salariales de género.
• ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

Estos objetivos recuerdan que la igualdad de género es indispensable para la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Existen numerosos instrumentos jurídicos y marcos estratégicos (leyes, códigos, convenciones, estrategias, normativas) a nivel europeo e internacional que definen y protegen los derechos de las mujeres y que orientan las políticas de igualdad de género en los países:

• CEDAW (1979): Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994).
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
• GAP III (2021-2025): Plan de acción de la UE sobre igualdad de género y emancipación de las mujeres en la acción exterior.
• Estrategia internacional de Francia para una diplomacia feminista (2024-2028).

Estos marcos se complementan con leyes nacionales, por ejemplo las distintas leyes de igualdad de género y leyes de igualdad de género en el trabajo y en la educación adoptadas por muchos países europeos y latinoamericanos, incluidas España y otros Estados que integran esta materia en su legislación ordinaria y laboral.

Las violencias basadas en género (VBG) abarcan todos los actos dañinos dirigidos contra una persona por razón de su identidad de género. Incluyen violencias físicas, psicológicas, sexuales, socioeconómicas y digitales, como violencia verbal, acoso y ciberacoso, control y privación de la libertad, agresiones y violaciones, feminicidios.

Estas violencias tienen su origen en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres y en normas sociales discriminatorias. En Francia y en Europa, la lucha contra las VBG es esencial para garantizar los derechos fundamentales, el acceso al trabajo y a los servicios públicos, y la seguridad de mujeres y niñas. Las políticas públicas inclusivas y respetuosas de la dignidad humana favorecen, además, el desarrollo sostenible. 

Los derechos sexuales y reproductivos están protegidos por diversos textos y convenios internacionales:

• CEDAW (1979): Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
• CIPD (1994): Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
• ODS 3 (salud) y ODS 5 (igualdad de género).
• Compromisos asumidos en el Foro Generación Igualdad (París, 2021).

Estos derechos tienen como objetivo preservar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, e incluyen la posibilidad de tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre la sexualidad, la reproducción, el matrimonio, la anticoncepción y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

El término «feminismo» puede suscitar debates, pero se define, en esencia, como una doctrina que promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: derechos civiles, trabajo, educación, salud, participación política, entre otros. En Europa y en Francia se ha adoptado una Estrategia Internacional por una diplomacia feminista, lo que significa que los Estados sitúan los derechos de mujeres y niñas y la igualdad de género en el centro de su política exterior. 

Francia integra este enfoque en cada ámbito de su acción europea e internacional, como la paz y la seguridad; el clima y el medio ambiente; el desarrollo y la lucha contra la pobreza; la gobernanza democrática; los derechos humanos; la acción humanitaria; la agenda económica, financiera y comercial; la transición digital; la cultura y la educación; la salud y la seguridad alimentaria.

Estos aspectos repercuten en todo el trabajo diplomático, consular, bilateral y multilateral francés. Además, en 2024, Francia reforzó este compromiso inscribiendo en su Constitución el derecho a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), lo que constituye un precedente importante en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Francia fue el cuarto país en adoptar una diplomacia feminista en 2019, después de Suecia, Canadá y Luxemburgo. Hoy, alrededor de una quincena de países comparten este compromiso, adaptándolo a sus propios contextos.

A través de su visión de una diplomacia feminista y sus acciones en Europa y en el mundo, Francia le otorga extrema prioridad a la igualdad, la lucha contra la violencia basada en género, y el acceso equitativo a los derechos fundamentales para todas las mujeres y niñas.